! SOMOS AUTOGESTORES DEL CAMBIO SOCIAL !
Imagen: “Construcción comunitaria” , Barrio Libano 2000 - Santa Marta - Colombia
Implica que las propias comunidades organizadas gestionan el proyecto de vivienda. Esto incluye la toma de decisiones clave, la administración de recursos, la negociación con entidades gubernamentales y privadas, y la supervisión de la construcción. La autogestión promueve la independencia y el empoderamiento de la comunidad.
COMPONENTES DEL MODELO
Al combinar liderazgo e iniciativa, es posible organizar a la comunidad en torno al derecho a la vivienda de manera efectiva, creando un movimiento capaz de abordar las raíces del problema y generar cambios significativos en la política y la práctica habitacional.
Las OPVs se basan en la participación activa de la comunidad. Esto significa que los futuros habitantes están involucrados en todas las fases del proyecto, desde la planificación hasta la construcción y, posteriormente, la administración de las viviendas. Esta participación fomenta un sentido de propiedad y compromiso con el proyecto..
Las Organizaciones Populares de Vivienda (OPVs), por su arraigo territorial y comunitario, tienen la capacidad de identificar con precisión las necesidades reales de las familias y colectivos que integran cada proceso. Su trabajo parte de diagnósticos participativos que consideran no solo la necesidad de una vivienda física, sino también aspectos clave del hábitat como el acceso a servicios, la movilidad, los espacios comunitarios y la seguridad. Este enfoque permite desarrollar proyectos habitacionales que reconocen la diversidad social y cultural de cada comunidad.
Gracias a esta lectura integral del territorio, las OPVs pueden incorporar en sus propuestas condiciones específicas para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres cuidadoras, jóvenes y otros grupos que requieren soluciones diferenciadas. Así, logran superar modelos uniformes e impersonales, y construir viviendas verdaderamente dignas, accesibles e incluyentes, fortaleciendo el bienestar colectivo y el sentido de pertenencia al lugar que se habita.
A lo largo de décadas, liderazgos comunitarios en todo el país han forjado un camino propio en la lucha por la vivienda digna, reconociéndola no como una mercancía, sino como un derecho fundamental. Las Organizaciones Populares de Vivienda (OPVs) son el resultado de ese acumulado histórico de saberes, resistencias y experiencias colectivas que han demostrado que las comunidades pueden autogestionar todas las etapas de un proyecto habitacional: desde la gestión del suelo, el diseño, la formulación técnica y jurídica, hasta la ejecución y sostenibilidad del hábitat construido.
Este legado ha permitido que miles de familias en contextos urbanos y rurales accedan a soluciones de vivienda pensadas desde sus propias necesidades, culturas y realidades territoriales. La transmisión de conocimientos entre generaciones de líderes y lideresas ha sido clave para multiplicar la capacidad organizativa, jurídica, técnica y política de las comunidades, fortaleciendo su autonomía y su incidencia frente al Estado. La experiencia de las OPVs es, hoy, una de las contribuciones más valiosas a la construcción de una política habitacional justa, inclusiva y verdaderamente transformadora en Colombia.
Implementar un ahorro programado para la gestión de la vivienda requiere compromiso, disciplina y paciencia, pero es una de las formas más efectivas de lograr la seguridad y estabilidad que proporciona tener una vivienda propia o mejorada. Al seguir estos pasos y consideraciones, las personas pueden acercarse de manera más efectiva a la realización de sus sueños de vivienda.
Las OPVs deben acceder a formas de financiamiento que les permitan llevar a cabo los proyectos de vivienda. Esto puede incluir subsidios gubernamentales, préstamos con condiciones favorables, donaciones, asignación de tierras y otras formas de apoyo financiero monetario o en especie. En muchos casos, las OPVs trabajan en estrecha colaboración con el gobierno nacional o local para acceder a estos recursos.
La gestión del suelo implica para las Organizaciones Populares de Vivienda (OPVs) la capacidad de identificar, acceder y regularizar terrenos aptos para el desarrollo de proyectos habitacionales dignos, seguros y sostenibles. Esto conlleva procesos técnicos, legales y sociales orientados a garantizar la tenencia segura del suelo, su adecuación al uso habitacional, y la articulación con entidades públicas para la planificación urbana y rural. Para las OPVs, gestionar el suelo no solo es una tarea operativa, sino una acción estratégica que les permite incidir en el ordenamiento territorial, evitar la especulación inmobiliaria y asegurar que las comunidades más vulnerables tengan acceso a un hábitat justo y asequible.
La técnica constructiva, en el marco de los proyectos liderados por OPVs, implica la aplicación rigurosa de métodos y procesos constructivos que cumplan con todas las etapas, normativas y regulaciones establecidas por la legislación vigente. Esto incluye desde la planificación estructural, el diseño arquitectónico y la adecuación al terreno, hasta la ejecución de obras conforme a estándares de calidad, seguridad y habitabilidad. Adoptar una técnica constructiva adecuada garantiza que las viviendas construidas sean seguras, duraderas y cumplan con los requisitos técnicos exigidos por las autoridades, lo que también fortalece la legalidad y sostenibilidad de los proyectos comunitarios.
Implementar vivienda diferencial a través de las OPVs supone un compromiso con la equidad, la justicia social, y el desarrollo sostenible, asegurando que todos los miembros de la comunidad tengan acceso a viviendas que no solo satisfagan sus necesidades básicas, sino que también enriquezcan su calidad de vida y bienestar general respetando su idiosincrasia, cultura ancestral, formas y técnicas constructivas.
Implementar vivienda diferencial a través de las OPVs supone un compromiso con la equidad, la justicia social, y el desarrollo sostenible, asegurando que todos los miembros de la comunidad tengan acceso a viviendas que no solo satisfagan sus necesidades básicas, sino que también enriquezcan su calidad de vida y bienestar general respetando su idiosincrasia, cultura ancestral, formas y técnicas constructivas.
Las Organizaciones Populares de Vivienda (OPVs) promueven modelos habitacionales sostenibles que integran principios de respeto ambiental, eficiencia energética y soberanía territorial. En este marco, la incorporación de energías limpias no solo representa una opción técnica, sino también una apuesta política y comunitaria por una vivienda digna y en armonía con el entorno. Esto incluye la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica para el abastecimiento eléctrico, el uso de colectores solares térmicos para calentamiento de agua, y el diseño de viviendas que favorezcan la ventilación cruzada y el aprovechamiento de la luz natural, reduciendo así la dependencia de fuentes energéticas convencionales.
Además, se promueve el reaprovechamiento del agua lluvia mediante sistemas de captación, filtrado y almacenamiento para uso doméstico y comunitario, así como el uso de materiales reciclados o de bajo impacto ambiental, que disminuyen la huella ecológica de la construcción. Estas prácticas, integradas desde la etapa de diseño y técnica constructiva, contribuyen a la autonomía energética de las comunidades, al tiempo que reducen los costos operativos y fortalecen la resiliencia frente al cambio climático.
Los proyectos de vivienda impulsados por las OPVs no se limitan a la construcción de unidades habitacionales, sino que abren la posibilidad de articular procesos productivos que fortalecen la economía familiar y comunitaria. En muchos casos, las familias participan activamente en la construcción mediante su propia mano de obra, lo que no solo reduce costos y fortalece el sentido de pertenencia, sino que también genera capacidades técnicas, empleo temporal y circulación de ingresos dentro del mismo territorio. Esta participación directa se convierte en una forma de valorización social del trabajo y en una estrategia de empoderamiento económico.
Además, algunas iniciativas de vivienda popular contemplan desde su formulación la implementación de proyectos productivos sostenibles y de largo alcance, como unidades agropecuarias, talleres de oficios, panaderías comunitarias, viveros o centros de transformación de residuos. Estas experiencias permiten que las comunidades no solo accedan a un hábitat digno, sino que también cuenten con medios para sostenerse económicamente, fomentar la autonomía y construir modelos de vida más integrales. Así, las OPVs fortalecen el vínculo entre vivienda, territorio y economía popular, haciendo de cada proyecto un motor de desarrollo local.
Incluir el programa Basura Cero en los proyectos de vivienda liderados por las Organizaciones Populares de Vivienda (OPVs) representa una apuesta integral por la sostenibilidad ambiental, la economía circular y la educación comunitaria en el manejo responsable de los residuos. Al incorporar esta estrategia desde la fase de formulación y diseño del proyecto habitacional, se promueve una cultura del aprovechamiento, la clasificación en la fuente y la reducción del volumen de residuos enviados a disposición final. Esto no solo contribuye a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales del entorno, sino que fortalece el compromiso colectivo con los objetivos de mitigación del cambio climático establecidos por el Gobierno Nacional y los acuerdos internacionales.
Además, el enfoque de Basura Cero puede convertirse en un proyecto productivo e inclusivo dentro del proceso de vivienda, generando oportunidades para todas las familias involucradas. Desde la creación de microempresas de reciclaje y transformación de materiales hasta el desarrollo de huertas urbanas con compostaje comunitario, esta estrategia permite articular acciones concretas de educación ambiental, empleo local y gestión comunitaria de los residuos. Al posicionar a las OPVs como agentes activos en la protección del entorno, se refuerza su papel en la construcción de comunidades sostenibles, resilientes y alineadas con las políticas de transición ecológica y justicia climática.